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El Gobierno aprueba la ley de vivienda más ambiciosa de la democracia

El Consejo de Ministros ha dado luz verde este a la ley de vivienda, que busca garantizar el derecho a una vivienda digna y asequible para todos los ciudadanos. La norma, que ha sido consensuada con los agentes sociales y las comunidades autónomas, introduce medidas históricas como la limitación de los precios del alquiler en las zonas declaradas tensionadas, la ampliación de la duración mínima de los contratos de alquiler, la prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional, la creación de un parque público de vivienda social y la promoción de la rehabilitación y la eficiencia energética de las viviendas.

La vicepresidenta tercera y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha calificado la ley de vivienda como "la más ambiciosa de la democracia" y ha destacado que "responde a una demanda social muy amplia y muy urgente". Según Belarra, la ley de vivienda "pone fin a una situación de desprotección y precariedad que afecta a millones de personas, especialmente a los jóvenes y a las familias más vulnerables". Asimismo, ha asegurado que la ley de vivienda "contribuye a la recuperación económica y social del país, al generar empleo, dinamizar el sector de la construcción y la rehabilitación y reducir la pobreza energética y las emisiones de gases de efecto invernadero".

La ley de vivienda entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, salvo algunos artículos que tendrán un plazo de adaptación mayor. La norma prevé un periodo transitorio de seis meses para que las comunidades autónomas elaboren y publiquen los índices de referencia de los precios del alquiler, que servirán de base para la limitación de los mismos en las zonas tensionadas. Además, la ley de vivienda establece un sistema de incentivos y sanciones para fomentar el cumplimiento de sus disposiciones y evitar la especulación y el fraude.

La ley de vivienda ha sido recibida con satisfacción por los colectivos sociales y las organizaciones de inquilinos, que la consideran un avance histórico para garantizar el derecho a la vivienda. Sin embargo, la norma también ha generado críticas y rechazo por parte de algunos sectores, como los propietarios, los promotores, los inversores y los expertos, que la ven como una intervención excesiva y contraproducente en el mercado del alquiler, que puede tener efectos adversos como la reducción de la oferta, el aumento de la economía sumergida, la desincentivación de la inversión y la mejora de las viviendas y la vulneración de la propiedad privada y la seguridad jurídica.